lunes, 28 de marzo de 2011

Opinión: Francisco Peralta Burelo / Mar 28

(Publicado en el Diario Tabasco Hoy)

No dejar duda alguna

¿En qué irá a terminar eso de las cuentas públicas de los ex alcaldes de Centro y Comalcalco? Hasta hoy es difícil estimarlo. Se dice, sí, que tanto uno como otro, a quienes previamente se les reprobó su cuenta pública --a uno la de su primer año y a otro la de su último año de administración--, será sujeto al ejercicio de la acción penal y que ambos se les detendrá y se les confinará a una cárcel. Es posible que así sea. No obstante hasta el día de hoy --como luego suele decirse-- "nada está escrito". A como se ven las cosas --o a como se presenta el panorama de uno y otro-- su destino está marcado por el encarcelamiento. Uno y otro irán a parar a una cárcel, pues. ¿Pero será que así sucederá?. Los puntos de vista del imaginario colectivo no necesariamente coinciden en un sentido, a pesar de que --se dice-- el Congreso local ya autorizó al OSF a proceder en contra suya y de que tanto un ayuntamiento como otro presentó su correspondiente denuncia. Subsisten dudas al respecto. Para unos la PGJ debe proceder contra de estos dos ex ediles --y de funcionarios responsables de ciertas áreas durante su administración-- para evitar la "impunidad, dándolos ya por responsables de mal uso de recursos públicos; para otros, sin embargo, no debería de actuarse así --al margen de que en su desempeño municipal hubiesen incurrido en actos indebidos--porque eso podría ser tomado como "persecución" o como "venganza" política, esto dada la posición de uno y otro en relación con el gobierno del estado. El ex alcalde de Comalcalco, en efecto, es, y ha sido, un opositor irreconciliable del gobierno estatal; el ex munícipe de Centro es un priista disidente, crítico de acciones gubernamentales y aspirante --según ha dicho-- a la gubernatura de Tabasco, en cuyo papel desde hace ya varios meses anda en precampaña electoral por casi todo el estado. Tal vez uno y otro ex alcalde sea responsable de lo que se le acusa, y por ello habría que castigarlo en lugar de brindarle impunidad; quizá no lo sea, como ambos aducen (lo que a final de cuentas determinarán --de darse el caso-- los tribunales competentes), y eso se podría solucionar de otra manera (pero no nos metamos en honduras). Lo que ocurre aquí es que los dos ex alcaldes involucrados en la cuestión tienen una condición de tal manera especial que ha de ameritar que la situación jurídica de uno y otro sea ponderada de modo --por parte del Congreso local, del OSF y de la PGJ, y en su caso de los jueces o de los tribunales de alzada-- que no deje duda alguna de que siempre se actuó apegado a derecho y que en todo ello no imperó más ánimo que hacer cumplir la ley. Si es así, ni quien pueda decir nada, y eso sería lo mejor para todos los tabasqueños, tratándose de los ex ediles de que se trata.

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