Debe Escayola explicar la operación del Instituto de Desarrollo Social: PRD-PRI
De manera sorpresiva, la mayoritaria bancada del PRI respaldó el punto acuerdo de Juan José Peralta Fócil, que se aprobó como asunto de “urgente resolución”
Fuente: Diario La Verdad del Sureste / J. MARTIN PRETELIN
VILLAHERMOSA, TABASCO, 1 DE MARZO DE 2011.- A propuesta del diputado del PRD, Juan José Peralta Fócil, el Congreso solicitó a José del Carmen Escayola Camacho, titular del Instituto de Desarrollo Social del Estado, que “informe y publique, de manera puntual y clara, los indicadores, criterios y reglas de operación sobre los cuales se sustentan y ejecutan los programas sociales”.
Además, que explique al Legislativo qué dependencias de la administración estatal “realizan programas encuadrados en una política pública de desarrollo social”.
De manera sorpresiva, la mayoritaria bancada del PRI respaldó este punto de acuerdo que se aprobó como asunto de “urgente resolución”.
Peralta Fócil dijo que es “crucial” que el instituto proporcione esa información, pues no se trata sólo de un asunto de transparencia, sino que se tiene que “garantizar el pleno conocimiento de sus alcances por parte de la población y afiliarse y recibir sus beneficios y con ello lograr una mayor efectividad de sus objetivos sociales.”
Advirtió que “sería grave” que el organismo que preside Escayola Camacho trabaje “sin indicadores o sin reglas de operación”, pues ello “equivaldría a decir que se trata de una improvisación”, lo que daría pie a pensar “que se están despilfarrando los recursos públicos.”
Desde su creación, agosto del años pasado, hasta la fecha, se desconoce si el Instituto para el Desarrollo Social del Estado cuenta con indicadores, trabaja con reglas de operación y demás lineamientos que deben regir y regular la implementación de programas sociales en la entidad, expuso Peralta Fócil.
Según el gobierno granierista, el instituto tendría como finalidad impulsar y consolidar el desarrollo social en el estado, “a través de la implementación de las políticas públicas y los programas sociales que coadyuven al crecimiento y el desarrollo social, principalmente de las poblaciones indígenas, grupos vulnerables y en general de todos aquellos sectores de la población en condiciones de pobreza.”
Por ello, remarcó Peralta Fócil, necesitamos saber cómo está trabajando el instituto y reiteró que sería muy negativo que estuviera trabajando sin contar con esas herramientas, lo que dejaría en claro que todo es improvisación en materia de políticas públicas enfocadas al desarrollo social.
Y como los diputados del PRI estaban de buenas, también le aprobaron como urgente resolución el punto de acuerdo propuesto por el también perredista Bernardo Barradas Ruiz, para que se le pida al secretario de Asentamientos y Obras Públicas, Héctor López Peralta, informe al Congreso sobre las medidas o acciones que la dependencia va a implementar “para salvaguardar la vida y el patrimonio de los habitantes de las dos mil 700 comunidades que se encuentran asentadas -según el funcionario- en zonas de riesgo en el estado”.
De acuerdo a López Peralta, en la entidad existen casi mil hectáreas de riesgo, en las cuales se ubican 809 poblaciones consideradas de alto riesgo, 601 están en el rango medio y mil 294 son consideradas de baja afectación.
Esa extensión es equivalente a la superficie total de las 17 cabeceras municipales de la entidad. A decir del titular de la SAOP se emitió un decreto de casi mil hectáreas de zonas de riesgo, algo nunca realizado en la entidad, con el respaldo del Atlas de Riesgo.
Barradas Ruiz dijo que lo dicho por López Peralta “debe ser motivo de análisis por parte de este Congreso, en virtud de que implica la integridad física y el patrimonio de miles de tabasqueños.”
La Cámara de Diputados, expuso, debe ser la más interesada en saber qué medidas se pretenden implementar para salvar la vida y el patrimonio de los tabasqueños que habitan en las comunidades ubicadas en zonas de riesgo, en particular los que habitan las 809 comunidades consideradas de alto riesgo.
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